Los Ángeles, California.- El alcalde de esta ciudad, Antonio Villaraigosa conminó al Congreso estadounidense para que demócratas y republicanos trabajen juntos en favor de la aprobación del Dream Act y una reforma migratoria, pese a las críticas hechas a la administración del presidente Barack Obama, tras el anuncio de alivio administrativo y protección en contra de la deportación de 800,000 estudiantes “soñadores”.
“Si no les gusta la acción del presidente, pues [republicanos y demócratas] pónganse a trabajar juntos y aprueben el Dream Act y una Reforma Migratoria”, dijo el funcionario. “Que hagan lo correcto…que hagan su trabajo conforme a los valores de este país porque estos jóvenes quieren trabajar, a contribuir, a ir a la universidad”.
La sugerencia de Villaraigosa se dio durante una rueda de prensa donde abogados expertos en asuntos de inmigración lanzaron una alerta nacional para que los “soñadores” o DREAMers, no hagan ningún tipo de trámites ante las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) hasta dentro de dos meses.
El pasado 15 de junio, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Janet Napolitano anunció vigencia inmediata para ciertos jóvenes que entraron en los Estados Unidos siendo niños, que no presentan un riesgo para la seguridad nacional ni para la seguridad pública y que cumplen con varios criterios clave serán considerados para recibir alivio contra la deportación o contra el inicio del proceso de deportación.
Aquéllos que demuestren que cumplen con los criterios serán elegibles para recibir la acción diferida durante un período de dos años, sujeto a renovación, y serán elegibles para solicitar la autorización de empleo.
Hasta el momento, solamente pueden solicitar alivio administrativo quienes ya se encuentran detenidos por autoridades de ICE, o enfrentan un proceso de deportación. El resto debería esperar dos meses, lapso previsto por USCIS para publicar oficialmente el procedimiento que deberá seguirse.
“Ojalá que ese discurso con buen ánimo del alcalde [Villaraigosa] se tradujera también en acciones por parte de la Casa Blanca para empujar una reforma migratoria”, consideró Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición Pro-Derechos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “El alcalde también quiere, como todos los estadounidenses, que republicanos y demócratas se pongan a trabajar y le brinden una oportunidad a estos jóvenes”.
En California reside al menos el 40% de los 800,000 estudiantes que podrían resultar beneficiados del alivio migratorio, es decir, unos 320,000, y miles más que viven en estado de alta concentración de hispanos como Arizona, Colorado, Florida, Nuevo México, Nueva York o Texas.
“Todos sabemos que estos estudiantes se encuentran en una difícil situación creada por sus padres, pero el presidente está excediendo su poder con esa orden ejecutiva a favor de quienes violaron la ley”, dijo a HuffPost Voces Ira Melhman, portavoz de LA Federación por una Reforma Migratoria (FAIR), una organización que pugna por la reducción de la inmigración a Estados Unidos. “Ha mandado el mensaje a todo el mundo que pueden traer a sus hijos ilegalmente y luego nosotros nos haremos responsables de ellos. Es una invitación abierta a la ilegalidad”.
La acción de la administración Obama ha desatado la ira republicana, al grado que el congresista republicano de Arizona, Benjamín Eugene Quayle introdujo esta semana un proyecto de ley denominado “Prohibición de la Ley de Amnistía por la Puerta Trasera 2012” para revertir un alivio migratorio que todavía ni se pone en marcha.
Dicho proyecto prohíbe la ejecución de políticas relativas al ejercicio discrecional de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano.
“La decisión del Presidente Obama y la secretaria Napolitano para poner fin a la aplicación de muchas de nuestras leyes de inmigración de nuestra nación es impresionante, tanto en su arrogancia y falta de visión”, escribió Quayle. “Esta gestión en torno al Congreso era un reproche directo al principio de igualdad de los tres poderes de gobierno señalados en nuestra Constitución, y, en términos más generales, de todo nuestro sistema de leyes”.
Quayle expuso que su proyecto proscribe la aplicación del presente “edicto indignante”.
“Espero que el Congreso se me una en la adopción de medidas inmediatas para respetar las leyes de nuestra nación”, expuso. “Es hora de que el Congreso envíe un mensaje fuerte y claro a la administración Obama de que sus esfuerzos por eludir al poder legislativo e ignorar las leyes de nuestra nación no se tolerará”.
Frente a la polémica decisión, Teresa Carrasco, madre de un “soñador”, Pedro Trujillo, recién graduado de Cal State University Northridge respira un poco más tranquila, de cara al futuro inmediato que le espera a su hijo.
“Mi familia estaba dividida entre quienes tienen un estatus legal y otros no”, dijo Carrasco. “Parece que los sueños de mi hijo podrían hacerse realidad y acudir a la universidad; hacemos un llamado a ambas cámaras del Congreso para que aprueben el DREAM Act”.
Entre los criterios que deben cumplir los jóvenes estudiantes como Pedro Trujillo están:
- Haber entrado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años;
- Tener menos de 30 años de edad cumplidos cuando soliciten la acción diferida;
- Tienen que haber residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, y tienen que haber estado presentes en el país el 15 de junio de 2012;
- Tienen que estar en la escuela, haberse graduado de la preparatoria (high school) o de la escuela alterna (GED), o haberse dado de baja honorablemente de las Fuerzas Armadas estadounidenses (US Army) o la Guardia Costera (US Coast Guard).
- Los solicitantes no deben tener una convicción por una felonía, o un “delito menor significativo”, o múltiples delitos menores, o presentar una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad.
“Por lo pronto, ningún estudiante debe solicitar consejo de un notario” o consejero migratorio, alertó la abogada Jessica Domínguez, integrante de la Comisión para la Unidad Familiar de Los Angeles. “Si tienen preguntas, deben acudir con un abogado experto en leyes de inmigración”.
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse en español e inglés al teléfono: 1 (888) 624-4752, de CHIRLA. De igual manera, se puede obtener información general al 1 (800) 375-5283 y a la línea directa de ICE, quienes están en espera o proceso de deportación: 1-888-351-4024 y para reportar cualquier abuso o fraude, al 1-866-DHS2ICE.
La lucha por el Dream Act:




Publicado: 21/06/2012 08:29