NUEVA YORK.- En Nueva York, considerado un estado pro inmigrante, líderes de organizaciones a favor de los derechos civiles y defensores de indocumentados, mantienen los dedos cruzados ante la inminente decisión de la Corte Suprema en relación con la ley de Arizona SB1070.
HuffPost Voces consultó a voceros de varias organizaciones y a neoyorquinos de a pie sobre la polémica ley que faculta con poderes extraordinarios a la policía de Arizona para solicitar documentos a cualquier persona que, a su entero juicio, dé la impresión de ser indocumentada.
“Cualquiera que fuera la decisión no va a tener un efecto inmediato”, dijo Juan Cartagena, abogado experto en temas de migración.
Cartagena, presidente y consejero general de la organización neoyorquina en pro de los derechos humanos, LatinoJustice PRLDEF –siglas de Puerto Rican Legal Defense and Education Fund–, explicó que “lo que ocurre en estos casos, es que la Corte Suprema decide o da su perspectiva sobre la ley constitucional, y corresponde a las cortes ante las cuales se presentaron las demandas –en este caso la corte del distrito federal– determinar que eso es lo que tienen que hacer”.
La SB1070, aprobada hace dos años por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, fue impugnada por el gobierno federal, y el máximo tribunal debe resolver si ese estado tiene o no facultad para implementarla en todos sus términos.
Imágenes sobre la SB1070:
Ley SB1070 Arizona
Para Maryann Sinclair Slutsky, quien representa a la entidad no lucrativa pro derechos de los inmigrantes, Long Island Wins, independientemente del resultado en la Corte Suprema, la ley ya ha tenido un impacto negativo en Arizona”.
“Después que fue aprobada en 2010, las personas de todo el país se unieron a un boicot contra las empresas de Arizona que tácita o activamente han apoyado la ley. El estado perdió el dinero que genera el turismo y, más allá de eso, Arizona se convirtió en símbolo de la intolerancia”, dijo Sinclair Slutsky.
La SB1070 es considerada la ley antiinmigrante más radical presentada hasta ahora en Estados Unidos. Sus propulsores sostienen que es la respuesta a la falta de acción federal para frenar la inmigración ilegal en el país.
A criterio de Cartagena, en términos de leyes constitucionales, la Corte Suprema decidirá dentro de un espacio muy limitado.
“El asunto es de sí o no, cualquier estado como Arizona tiene el derecho bajo la Constitución de cambiar e implementar las leyes federales de migración” dijo Cartagena, para quien “todavía no ha llegado el momento de tratar el asunto del perfil racial ni por parte del gobierno federal ni por parte de los abogados”.
El jurista alega que “Arizona, ni aún teniendo el poder de cambiar e implementar nuevas leyes de migración y pedir documentos, no lo podría hacer bajo ninguna circunstancia discriminatoria porque [la ley] está dirigida a los latinos de manera particular".
Cartagena ofreció esperanzas de que aún hay otras opciones de presentar las evidencias necesarias para probar y frenar lo peor de la ley de Arizona.
“En particular, establecer que la SB1070 tiene un claro perfil racial contra los latinos”, reiteró Cartagena.
La activista Sinclair Slutsky insistió que aunque las peores partes de la SB1070 se dejaron en suspenso, el impacto económico será mucho peor porque los inmigrantes son una parte vital de la economía de Arizona, estén en el país legalmente o no.
“Los líderes empresariales aquí en Long Island reconocen que la inmigración es un motor económico. [Los migrantes] contribuyen con su trabajo en industrias importantes como la agricultura, la salud, y la tecnología”.
Sinclair Slutsky agregó que en abril Long Island Wins organizó a una coalición de estos actores "que están trabajando para asegurarse de que se debe dar la bienvenida a las políticas de inmigración equilibradas y justas y no a leyes como la SB1070, que pisotean los derechos civiles y ahogan el crecimiento económico”.
Entre los acápites más drásticos de la SB1070 sobresalta la disposición que obliga a las empresas a registrarse en el programa federal E-Verify, que obliga a los empleadores a reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los indocumentados que solicitan trabajos o cualquier tipo de asistencia.
La ley también prohíbe a los indocumentados a apostarse en las calles para buscar trabajo. Los contratistas no pueden emplear ni transportar a los jornaleros.
Históricamente, Nueva York ha sido un estado más predispuesto a ser más compasivo con los inmigrantes. El gobernador Andrew Cuomo, por ejemplo, suspendió Comunidades Seguras, el programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar y deportar a criminales considerados peligrosos.
Cuomo defendió su decisión en la “creciente evidencia” de que el programa no estaba cumpliendo el objetivo, sino más bien afectando la relación entre la comunidad inmigrante y la policía.
"Esto es un suicidio nacional; estamos deliberadamente enviando a nuestro futuro fuera del país. Los inmigrantes crean más empleos de los que toman", ha dicho el acalde neoyorquino Michael Bloomberg reiteradamente.
No obstante, el desbande de los inmigrantes indocumentados que huyen de Arizona y de otros estados como Carolina del Sur, Utah, Alabama y Georgia, que han emulado la SB1070, de alguna manera afecta a los que ya se encuentran en Nueva York.
“Es verdad que aquí 'la migra' no nos persigue, pero ha llegado mucha gente y trabajo no hay para nadie”, dijo el salvadoreño Alfonso López apostado en una esquina de Northern boulevard en la zona de Flushing, en Queens.
“Muchos han venido a refugiarse a Nueva York. Por una parte es bueno pero por otra vemos disminuir nuestros ingresos”, confesó el mexicano Feliciano Ramos, un jornalero que espera ser contratado en la avenida Roosevelt en el barrio de Sunnyside, Queens.
La presencia de jornaleros en varios puntos de Nueva York se ha multiplicado de dos años a la fecha, aseguran defensores de inmigrantes.
Walter Sinche, de Alianza Ecuatoriana Internacional, sostuvo que la comunidad debe estar preparada para cualquiera que sea la decisión que tome la Corte Suprema, y si tiene que manifestarse debe de ser de forma pacífica.
El activista destacó que, “la Constitución debe proteger a todos los residentes de este país por igual, y una de las cosas que nuestra comunidad pude hacer es seguir organizándose contra estas leyes. La justicia no debe tener una solo lado, sino ser ecuánime”.
“Aunque todavía la Corte Suprema no ha tomado una decisión, la incertidumbre está afectando mucho a nuestra comunidad inmigrante. Es muy claro que la SB1070 no discrimina entre documentados e indocumentados ya que es una ley que puede dar paso a ser juzgados bajo el perfil racial”, dijo Osman Canales, de la organización de ayuda a estudiantes inmigrantes Long Island Immigrant Students Advocates.
Canales precisó que como activista que vela por los derechos de los inmigrantes, hace un llamado a la comunidad a no tener miedo.
“Vamos a luchar hasta el último minuto para que estas leyes que están en contra de nuestra comunidad puedan ser derogadas. Cada ser humano, sin importar su estatus migratorio, tiene derechos y los vamos a hacer prevalecer", destacó Canales.
Entretanto, para el analista dominicano Julio César Malone, los demócratas y republicanos coinciden reprimiendo inmigrantes, sólo difieren sus discursos.
Según Malone, “mientras Jan Brewer, la gobernadora republicana de Arizona aprobó la draconiana ley antiinmigrante SB1070, Janet Napolitano, exgobernadora demócrata de Arizona y ahora secretaria de Seguridad Interna, es la zar de las deportaciones. Tenemos dos opciones: leyes draconianas o deportaciones masivas”.
De acuerdo con Malone, el presidente Barack Obama anticipa que la Corte Suprema apoyará la ley de Arizona y por eso se adelantó ordenando detener las deportaciones de jóvenes estudiantes indocumentados.
“Obama es el deportador en jefe. En casi cuatro años, un millón de personas han sido deportadas”, aseveró Malone y matizó que “ahora se convierte en redentor de los jóvenes indocumentados. Nuestro voto es imprescindible para su reelección y a cambio ofrece una ilusión”.
Por su parte, René Merino, vocero del Comité de Trabajadores de la organización New York Communities for Change (NYCC), dijo en un comunicado que “esperamos que la Corte Suprema resuelva en favor de las comunidades migrantes en todas partes y rechace los puntos problemáticos de la SB1070. Nos preocupa que seamos considerados sospechosos bajo la ley”.
NYCC en una entidad que defiende el derecho de los trabajadores y promueve la educación y vivienda asequible para las familias de bajos ingresos.
“Creemos que la SB1070 va a provocar persecución racial por parte de la policía local y estatal en Arizona”, destacó Merino, y añadió que, “este tipo de ley no debe existir porque no solamente termina provocando que la policía nos acose, sino que distrae su misión básica, que es la garantizar la seguridad y detener los crímenes.”.
“Trabajar para alimentar a nuestras familias no debería ser un crimen, y nosotros aquí en Nueva York esperamos que la Corte Suprema tome una decisión en favor de nuestras hermanas y hermanos en Arizona”, concluyó Merino.