SB1070 Arizona: Cuenta regresiva para que Corte Suprema emita fallo

Miembros del supremo darán fallo sobre SB 1070 en cualquier momento

La cuenta regresiva para que la Corte Suprema emita un fallo en relación con la ley SB 1070 de Arizona ya comenzó, y todo parece indicar que los miembros del supremo tendrán una decisión dividida o podrían ratificar algunas de las provisiones.

Varios medios de comunicación de relevancia, como el diario New York Times, prevén que las partes más controversiales de la ley, diseñada para desalentar a que los inmigrantes indocumentados ingresen y permanezcan en Arizona, serán ratificadas. Los especialistas basan ese señalamiento en las preguntas que hicieron los magistrados durante una audiencia para determinar si la ley no sobrepasa las legislaciones federales.

El 25 de abril pasado, la Suprema Corte escuchó los argumentos de la ley. Sonia Sotomayor, la primera jueza latina que integra la corte, y quien es considerada liberal, reconoció que a algunas provisiones no les está yendo muy bien, en especial a la parte que requiere que agentes estatales del orden determinen el estado migratorio de cualquier persona que detengan si tienen razones para creer que un individuo puede ser inmigrante indocumentado.

En este sentido, especialistas creen difícil tener una lectura clara de la actitud de la corte hacia otras provisiones de la ley, adoptada en abril de 2010 y considerada la más dura de la nación en contra de la inmigración indocumentada. El veredicto final se dará a conocer en cualquier momento, de ahora hasta el 28 de junio.

CBS News vaticina que la decisión será dividida porque solo ocho jueces dictaminarán sobre el asunto. La jueza Elena Kagan se recusó del caso porque era solicitante general cuando el gobierno federal decidió cuestionar la ley de Arizona. Si los jueces se dividen, los elementos en disputa no se convertirán en ley.

Por otra parte, indica en su análisis CBS News, la corte podría dictaminar a favor de dar más espacio a que los estados reforzaran leyes de migración, o decir que los estados no tienen por qué hacer ese papel o dictaminar que algunos de los cuatro estatutos en cuestión se pueden aplicar en los estados mientras que otros estatutos no.

El presidente de la corte, John G. Roberts Jr., dejó claro que el caso tenía que ver con los recursos de cada estado y con el poder federal.

En la audiencia estuvieron presentes los dos abogados principales del caso; Paul D. Clements representó a Arizona y el solicitante general, Donald B. Verrilli Jr., representó al gobierno federal. En un acto poco usual, la corte permitió que los argumentos se extendieran por al menos 20 minutos más de los 60 programados.

Clements, para defender sus argumentos en favor de la ley, dijo que Arizona estaba haciendo un esfuerzo para atender una situación de emergencia con una ley que complementaba la política de migración federal.

Por su parte, Verrilli argumentó que el plan para Arizona estaba en conflicto con los esfuerzos federales.

La mayor parte de los argumentos tuvieron que ver con la sección de la ley que requiere que agentes estatales verifiquen el estado migratorio en algunas circunstancias. Esa provisión también requiere que el estado migratorio de la gente que es arrestada se determine antes de que sea dejada en libertad, explica en su página el NY Times.

Algunos jueces dijeron que los estados tenían derecho a aplicar esas provisiones, que hacen obligatorias prácticas que ya están difundidas.

"¿Qué significa la soberanía si no incluye la capacidad de defender tus fronteras?", cuestionó el juez Antonin Scalia.

La ley de Arizona ha inspirado propuestas similares en los estados de Georgia, Alabama, Indiana, Carolina del Sur y Utah. Y al menos otros ocho han considerado una legislación similar pero no han tomado acción al respecto; algunos están esperando la resolución de la corte.

La SB 1070 requiere que la policía, "cuando sea practicable", detenga a gente que, bajo duda razonable, se crea que está ilegalmente en el país; esto se haría sin autorización para verificar su estatus con agentes federales, a menos que al hacerlo dificulte una investigación o un tratamiento médico de emergencia. La ley también considera un delito estatal –delito menor– no portar documentos migratorios. Además, permite a la gente común demandar al gobierno o a alguna de sus agencias si cree que las leyes de inmigración federales o estatales no están siendo cumplidas.

En julio de 2010, días antes de que la ley entrara en vigor, la juez Susan Bolton, del Tribunal Federal del Distrito en Phoenix, emitió una orden que bloqueó las provisiones más controversiales, entre ellas que las personas tienen que portar documentos migratorios. En total, cuatro de las provisiones de más contención fueron suspendidas por las cortes federales.

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Ley SB1070 Arizona

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