Bajo el argumento de que nadie puede cuestionar su ciudadanía, una inmigrante de origen dominicano explicó los motivos que la llevaron a interponer una demanda contra el estado de Florida por la purga o verificación de la ciudadanía a electores registrados con la posibilidad de perder este derecho.

“Creo que el derecho al voto como ciudadana americana que soy nos pertenece a todo el mundo y que cualquier persona cuestionara eso, me indignó”, dijo Pamela Gómez de 22 años de edad, quien se convirtió apenas en ciudadana estadounidense hace más de un año y cuya demanda es respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLUFL) y el Lawyers Committee on Civil Rights Under Law (LCCRUL).

Paradójicamente Pamela trabaja para la organización comunitaria Mi Familia Vota como promotora, invitando a ciudadanos estadunidenses a registrarse para votar.

Ella radica en Hillsborough, uno de los cinco de los condados de la Florida, cubiertos por la Sección cinco de la Ley de Derechos de Votación (VRA), la cual requiere que los cambios en el procedimiento de votación sean aprobados a nivel federal antes de que puedan ser implementados, argumento legal de la organización que respalda su demanda contra el estado.

Recientemente el Departamento de Justicia habría advertido al estado de Florida que el proceso de cotejar los listados del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV) con el Sistema de Registro de Votantes de Florida (FVRS) para revocar el derecho de votar violaba dos leyes: el Acta de Derechos de los Votantes de 1964 y el Acta Nacional de Registro de Votantes de 1993.

Comparar las listas del departamento de vehículos con los datos del registro electoral de Florida representa el problema que los datos de la primera se actualizan cada cuatro o cinco años, y en ese plazo es posible que quien no es ciudadano, según su permiso de conducir, adquiera la nacionalidad estadounidense.

Carolina González, vocera en español de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida señaló que el caso de Pamela podría ser representativo de otras muchas personas. “Una persona que sacó su licencia de conducir hace ocho años, cuando no era ciudadano y luego se volvió ciudadana, podría aparecer en esta lista”.

La semana pasada, Florida demandó al Departamento de Seguridad Interior por no tener acceso a la base de datos para verificar el estado migratorio y ciudadanía de cada una de las personas que radican en el estado.

El Departamento de Justicia un día después anunciaría una demanda contra el estado de Florida por violaciones de la ley de los derechos electorales, luego de que el proceso de eliminación había estado ocurriendo durante un período de 90 días antes de las elecciones primarias del 14 de agosto.

De acuerdo al ACLUFL, funcionarios electorales de Florida detuvieron el envío de cartas de verificación, después de que la División de Elecciones de Florida había solicitado desde mayo a personas empadronadas que comprobaran su nacionalidad estadunidense.

La ACLUFL asegura que existe un sesgo racista en las acciones del gobierno de Florida, pues el 61 por ciento de las personas a las que se les exigió probar su ciudadanía son de procedencia hispana.

Hasta este momento, Florida reconoció que había enviado cartas a 2,600 personas registradas para votar, pero González señaló que ya cerca de 500 demostraron tener ciudadanía.

Para José Gabilondo, profesor en Derecho de la Universidad Internacional de la Florida FIU, esta depuración electoral tiene tintes partidistas, pues asegura existe un patrón en otros estados con legislaturas republicanas.

“Desafortunadamente en los Estados Unidos muchos estados tienen fama de haber hecho esta purga o control electoral en un año electoral y particularmente en los estados del sur. Lo que sí es novedoso es lo que tiene que ver con la creciente población de los hispanos en este país y la contra reacción por parte de los elementos más reaccionarios, nativistas y conservadores. Hay que entender esta medida como parte de una campaña de pánico hispánico".

Gabilondo asegura que esto es parte de la llamada supresión electoral en donde estados como Georgia, Kansas, South Carolina, Tennessee, Texas y Wisconsin han promulgado nuevas normas para el registro de votantes. La Escuela de Leyes de la Universidad de New York determinó en un estudio a finales del año pasado que cerca de cinco millones de ciudadanos podrían verse afectados con estas medidas en las elecciones del 2012.

“¿Quién me asegura que no voy a recibir esa carta si el 61 por ciento de los que están en esa lista son hispanos igual que yo?”, enfatizó Gómez al mostrar su registro para votar en su mano, el cual utilizará por primera vez en Florida para ejercer su derecho de votar. Pamela aún no recibe la carta de advertencia a posibles sufragantes irregulares.