PHOENIX (AP) — Las agencias policiacas que podrían aplicar las partes más controvertidas de la ley migratoria de Arizona de 2010 quedarían en medio de procesos legales por parte de ambos bandos en caso de que la Suprema Corte declarara constitucional la ley en los días próximos.

Los opositores a la ley de Arizona, conocida como SB1070, probablemente demanden a los departamentos de policía asegurando que han sido víctimas de sesgos raciales ya que la ley indica que la policía debe revisar el estatus migratorio de personas que detengan por algún otro motivo.

Sin embargo, los problemas legales también se esperan por parte del otro bando: quienes apoyan la ley podrían asegurar que las agencias de policía han roto la ley si restringen la aplicación de la ley SB1070.

"Hay gente en ambos lados del espectro que espera presentar una querella contra esta ley", dijo Roberto Villasenor, jefe de la policía de Tucson.

Una sección poco conocida de la ley permite a cualquiera demandar a una agencia policíaca que tiene la política de restringir la aplicación de la ley migratoria. La disposición tenía como objetivo hacer responsables a las ciudades que tienen "políticas de santuario" que desalientan o prohíben a los oficiales preguntar el estatus migratorio de una persona. Las policías que según un tribunal practican estas políticas de santuario enfrentarían multas de entre 500 a 5.000 dólares por cada día que dicha violación siga en vigor después de la presentación de la demanda.

El derecho de demandar estaba en las partes de la ley a las que se les permitió entrar en vigor en julio de 2010. Sin embargo, un juez federal ha prohibido que la policía aplique las secciones más polémicas de la ley, tales como la exigencia de que los oficiales verifiquen el estatus migratorio de las personas detenidas por otros motivos.

Se espera que la Suprema Corte falle antes de que acabe el mes respecto a la apelación de la gobernadora Jan Brewer al dictamen de 2010. Expertos legales prevén que la corte ratificará la exigencia de la revisión del estatus migratorio, poniéndose del lado del argumento legal de los funcionarios de Arizona de que la ley SB1070 no es anulada por la ley federal de inmigración.

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