Distrito Federal.- Enrique Peña Nieto, candidato presidencial puntero en las preferencias, el PRI,y su primer círculo de colaboradores se dijeron víctimas de extorsión y responden con querellas por difamación en México a la demanda judicial por fraude, falso testimonio, incumplimiento de contrato y conspiración interpuesta por la empresa estadounidense Frontera Television Network (FTN) en la corte central de California. Una nueva crisis y escándalo mediático más allá de la frontera.
El presunto fraude, precisa la querella, fue hacer creer al empresario José Aquino y a sus firmas Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia, SA de CV, que recibiría 56 millones de dólares para aplicar una campaña de medios. Lo que hizo que apartara espacios publicitarios en Denver y San Diego; que al no cumplirlos generaron sanciones.
En la denuncia, radicada con el número EDCV12-920 VAP DTBx y presentada el pasado 7 de junio, se incluye a Edwin Lino, secretario particular de Peña Nieto; David López, su coordinador de comunicación; Roberto Calleja, vocero del PRI; así como a Luis Videgaray, coordinador de la campaña.
Así como a los empresarios Alejandro Carrillo Garza Sada, Hugo Vigues, Alfredo y José Carrillo Chontkowsky, así como a Alejandro Ramírez González y Manuel Gascón, del Consejo de Porcicultores Mexicanos A.C. y a las empresas mexicanas GM Global Media, Jiramos S.A. de C.V. y la asociación Servicios Integrales al Sector Agropecuario (SISA).
El coordinador Luis Videgaray indicó que el caso era tan absurdo, “un grotesco chantaje” e intento de sacar ventaja económica del proceso, que optaron por desestimarlo. Lo que lo pone en aprietos es, si al minimizarlo, no le avisó a su jefe. Enrique Peña aseguró “me estoy enterando de esto.”
En un inicio, Eduardo Sánchez, vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo en entrevista que se trata de un caso de “extorsión del tamaño de una catedral” por la que presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), aunque no reveló el número.
Explicó que, a fines de 2011, un señor llamado Carrillo Garza Sada se acercó al equipo de Peña para ofrecer una campaña de medios en los Estados Unidos, pero al no permitirlo la ley mexicana fue rechazado. Hace como un mes, Francisco Javier Torres, apoderado del señor Aquino, buscó al equipo de Peña y los amenazó con hacer un escándalo mediático, previo a los comicios, si no se le daban 5 millones de dólares para resarcir el daño.
Posteriormente, el equipo de Peña agregó que ampliarán la demanda por difamación y calumnias como partido y en lo particular por cada uno de los afectados, así como por mal uso del nombre del partido y su candidato. Y ante el cuestionamiento en redes, precisaron que la demanda será contra José Aquino y no contra un medio.
En un caso poco usual, todas las voces priistas buscaron aclarar el tema. El PRI ofreció rueda de prensa e incluso el propio candidato no lo dejó pasar. En su gira por Michoacán, Peña aseguró que la demanda es un acto “orquestado por vivales y sólo para el escándalo”.
El PRI destacó que el apoderado presentó contratos firmados por particulares en los que no se menciona a la campaña ni a nadie del PRI. Aquino reconoció que no se precisa nombre del candidato, ni del partido, ni de su representante, ni para qué sería la campaña, pero asegura que sí hubo señalamientos verbales; lo que es válido para la justicia en California como evidencia circunstancial.
Si se presenta la evidencia y se puede comprobar que sí existieron las discusiones, que hubo conversaciones y reuniones, la demanda procede, puntualizó. El empresario ahondó que en su visita a Luis Miranda, colaborador del coordinador de campaña, éste nunca negó tener conocimiento del proyecto o que dijeran que no tenían nada que ver con el asunto. “Examinaron y prometieron resolver el problema”.
La hipótesis de Videgaray es que, o se trata de una extorsión por parte de Aquino, a quien reiteró no conocer, o esto es una defraudación entre dos particulares “en la que se está involucrando injustamente y sin fundamento al PRI".
A su vez, David López, vocero de Peña y otro inculpado, coincidió en que parece “una defraudación entre particulares” y agregó que hacer uso del partido en esta fase “sólo busca afectar al candidato”.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) contra Peña Nieto por posibles aportaciones ilícitas a su campaña y rebase del tope de gastos. El documento argumenta actos de proselitismo en el extranjero, lo que está prohibido.
José Aquino, empresario México estadounidense y presidente de FTN, explicó a un importante noticiero radial que firmó un primer contrato en noviembre de 2011 con Alejandro Carrillo Garza Sada de Jiramos y Giselle Morán de GM Global para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. Proyecto que se cotizó en 56 millones de dólares y no se efectuó.
Agregó que a inicios de diciembre le pidieron un cambio de contrato para hacerlo con una empresa de su propiedad radicada en Mexicali, Baja California. La nueva firma se dio el 6 enero de 2012, ahora entre Intelimedia y GM Global y la Asociación de Porcicultores y Agricultores Mexicanos (CISA) para aplicarse del 15 de enero al 15 de junio con un pago inicial de 15,000 dólares, lo que tampoco ocurrió.
El empresario detalló que tras ver que no se haría el arreglo, pidió la devolución de contratos y documentos que fiscalmente en Estados Unidos lo obligan a declarar y se le negaron. E incluso que fue amedrentado, para evitar que demandara, con señalamientos de que el dinero y los personajes estarían relacionados con el crimen organizado.
Esta nueva demanda pone de nuevo en entredicho al equipo del candidato del PRI. Peña Nieto estuvo en la mira internacional, cuestionado por un artículo del diario británico The Guardian y documentos filtrados y hechos públicos que presumían que había pagado a Televisa para crear una imagen positiva de su persona en su mandato como gobernador del Estado de México, así como por haber financiado la campaña negativa contra el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral del 2006 cuando era favorito.
Otros conflictos que cargan el priismo y su candidato son indagatorias (en Estados Unidos) contra Francisco Colorado, presunto operador financiero de Los Zetas y ligado al ex gobernador priista Fidel Herrera; y las acusaciones contra Tomás Yarrington, ex mandatario del PRI en Tamaulipas.
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Publicado: 15/06/2012 13:38 Actualizado: 15/06/2012 17:14