Cada temporada de huracanes, Claudia García y su familia viven el dilema de decidir si acatan o no las órdenes de evacuación ante una tormenta en la zona del Valle del Río Grande, al sur de Texas, ya que ponerse a salvo significa el cruce por un punto de control migratorio de la Patrulla Fronteriza con su madre que es indocumentada.
"Todavía recuerdo la preocupación que nos provocó la llegada del huracán 'Dolly' hace cuatro años, cuando teníamos que dejar nuestra casa móvil, dirigirnos hacia el norte y exponer a mi mamá a que la detuvieran por falta de documentos migratorios", dijo a HuffPost Voces.
Ese año, 'Dolly' fue el peor desastre natural que golpeó la región del valle del Río Grande de los últimos 40 años y la Patrulla Fronteriza había advertido que se revisarían los documentos migratorios a todos aquellos que buscaran albergue al norte de esa zona.
La condición migratoria de su madre obligó a la familia García a quedarse en su casa móvil en un par de huracanes, en una ocasión se les cayó el techo encima y en otra, los siete miembros de la familia tuvieron que sostener una pared de la vivienda con su cuerpo. En otras, sólo decidían refugiarse con parientes que poseían una vivienda de construcción sólida. "No estábamos dispuestos a que detuvieran a mi mamá", reveló Claudia.
Por esa razón, al iniciarse la temporada de huracanes de 2012, grupos de derechos civiles del sur de Texas exigieron la suspensión de la revisión migratoria durante y después de una evacuación necesaria por el paso de un meteoro que ponga en riesgo la vida, a fin de que la Patrulla Fronteriza le dé prioridad a salvaguardar la vida.
La solicitud se hizo al jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande, Rosendo Hinojosa, de parte de varias organizaciones afiliadas al Proyecto de Derechos Civiles del Sur de Texas.
"Queremos que la vida sea respetada y sea prioridad antes que cualquier verificación de las condiciones migratorias de los evacuados y que nos lo hagan saber antes para que la gente no sienta temor de ponerse a salvo", aseguró Marta Sánchez, directora comunitaria de la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE).
Señaló que al ser una región ubicada en la franja fronteriza, aquí lo que es prioritario para las autoridades es la seguridad nacional, en lugar de la vida de sus pobladores.
En la petición, se pide que la Patrulla Fronteriza anuncie con anticipación que suspenderá la revisión migratoria en los puestos de control o "checkpoints" a quienes estén obedeciendo una orden de evacuación. "Es una traba más para que la gente haga un buen plan de evacuación en una situación de emergencia, por eso necesitamos saber anticipadamente sobre las políticas que adoptarán durante la temporada de huracanes", afirmó Sánchez.
"Si queremos evitar un 'Katrina' aquí en el Valle, tenemos que tener esa seguridad de que seremos tratados con igualdad y que la gente podrá pasar la garita migratoria sin peligro, así que nuestra petición es que haya claridad en su posición al respecto", agregó.
La dirigente de LUPE recordó que durante fuertes tormentas y huracanes en esa zona, se han visto los vehículos de la Patrulla Fronteriza en los estacionamientos de los albergues, provocando el temor generalizado entre las familias donde alguno de sus miembros es indocumentado.
En respuesta, Rosendo Hinojosa, el jefe de la Patrulla Fronteriza en ese sector del valle del Río Grande, respondió en un comunicado que esa dependencia oficial "no impedirá realizar una evacuación segura y expedita desde el valle ni habrá una pre-selección de los individuos durante una evacuación de emergencia".
A la vez, especificó que como agencia de aplicación de la ley, no abandonarán sus deberes policiales; sin embargo, aclaró: "si tenemos que unirnos a las labores de evacuación a los miembros de la comunidad, les puedo asegurar que vamos a actuar con rapidez para garantizar que la seguridad de las personas que requieren la evacuación sigue siendo fundamental".
Hinojosa señaló que hay 2,400 agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan esa región y centenares de empleados de apoyo a sus operaciones, quienes también deben responder a apoyar las labores de preparación y respuesta ante desastres naturales.
La campaña de las organizaciones de derechos civiles consiste en hacer llamadas durante toda la semana a la oficina de la Patrulla Fronteriza para exigir que se paren las revisiones migratorias en la temporada de huracanes que inició el 1 de junio.
La directora regional del Proyecto de Derechos Civiles del Sur de Texas, Corinna Spencer-Scheurich, consideró que los habitantes del Valle del Río Grande "están siendo tratados diferentemente a los del resto del país, ya que en Luisiana y en estados en el Medio Oeste, se suspende la aplicación de las leyes migratorias para proteger la vida humana antes, durante y después de un desastre natural, pero no aquí".
La polémica se desató desde el 2008, cuando el entonces vocero de la Patrulla Fronteriza en el Valle, Dan Doty, advirtió que se sometería a revisión migratoria a cada uno de los evacuados que usaran los camiones de traslado y a los damnificados en albergues por el azote de los huracanes 'Dolly' y 'Ike' ese año. Anunció también que a quienes se hallen ilegalmente en el país, se les llevaría a centros de detención y luego se les deportaría.
"Todavía recordamos ese tiempo en que nuestras familias sintieron temor de evacuar nuestras casas si no era seguro y fácil, la gente tenía mucho miedo y se resistían a trasladarse a un lugar fuera de peligro debido a esa advertencia migratoria", evocó Sánchez de LUPE.
"Por eso ahora exigimos que nos digan con anticipación que no habrá esos chequeos migratorios en caso de evacuaciones durante la temporada de huracanes", dijo.
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