LOS ANGELES, California.- Partidarios y defensores de los inmigrantes en Estados Unidos exhortaron a Alejandro Mayorkas, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a la administración del Presidente Barack Obama la expansión del perdón (waiver) en favor de la unidad familiar en casos donde un ciudadano haya contraído nupcias con un indocumentado.

A pesar de su elegibilidad para la residencia permanente, defectos que prevalecen en el actual proceso de solicitud de la green card o permiso de residencia permanente, mantienen a familias completas en la incertidumbre. Para cumplir con las leyes actuales, el cónyugue indocumentado debe salir del país por periodos de castigo que van de tres a 10 años, debido a su inadmisibilidad para residir en Estados Unidos.

Por lo anterior, recomendaron a USCIS la reunificación de todas las familias separadas por la regla del “castigo” de 10 años fuera del país, asegurar confidencialidad en el proceso de otorgamiento de exenciones, y aclarar cuales son las normas a seguir, porque éstas incluyen efectos financieros y emocionales resultado de la desintegración de las familias.

Un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM), publicado en el Registro Federal por USCIS en marzo, reduciría el tiempo que ciudadanos estadounidenses estarán separados de sus esposos, hijos y familiares directos, mientras éstos obtienen una visa de inmigrantes a EE.UU. en su país de origen para convertirse en residentes permanentes.

Esta regla permitiría a ciertos familiares inmediatos solicitar una exención provisional por su presencia ilegal de inadmisibilidad en la nación si pueden demostrar que estar separados de su cónyuge ciudadano estadounidense o de los padres podría causar que el ciudadano experimentara dificultades extremas.

La propuesta, sin embargo, no alterará la forma en que USCIS determina la elegibilidad para un perdón de inadmisibilidad o de cómo un individuo establece cuales son condiciones extremadamente difíciles ante la ausencia de un miembro de su familia.

“El proceso tiene que ser implementado de una forma justa para las familias que cumplan los requisitos”, pidió Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro-Derechos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), después que el 1 de junio concluyera el proceso de recomendaciones que implementaría USCIS en una fecha no determinada. “Por ahora no hay protección para estas familias, y esto, en cuanto al proceso burocrático, por humanidad tiene que cambiar, y por el bien de los os hijos, los padres también deben ser incluidos”.

PROMESAS QUE CUMPLIR
CHIRLA y representantes de organizaciones como Center for Community Change, Centro Hispano, Florida Immigrant Coalition, Idaho Community Action Network, Nebraska Appleseed, Make the Road New York, OneAmerica, Progressive Leadership Alliance of Nevada y Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition compilaron las historias de 19 familias que han sido separadas, a causa de la penalidad de los tres a 10 años de separación en el reporte titulado “Promesas que Cumplir: La Importancia de un Inclusivo Perdón de Unidad Familiar” (Promises to Keep. The Importance of an Inclusive Family Unity Waiver).

Dicho análisis observa que, a partir de 2010, uno de cada cuatro adultos jóvenes era un inmigrante o un hijo de inmigrantes, y muchas familias tienen miembros con estatus de inmigración diferentes, que van desde ciudadanos a residentes legales permanentes (LPR) o integrantes de la familia sin estatus migratorio legal.

Es el caso que representa Daisy Araujo, de 30 años de edad, residente de Reno, Nevada, cuya madre, esposo e hijo son ciudadanos estadounidenses, excepto ella.

“Tengo sueños para mí, mi marido y mi hijo. Algún día, espero poder poner una panadería de repostería fina”, dijo la mujer mexicana. “Ahora estoy probando nuevas recetas y estoy escribiendo mi plan de negocios, porque al hacerlo, espero traer diferentes sabores a nuestra comunidad y crear oportunidades de trabajo para gente que, como yo, que quieren seguir adelante”.

Araujo, quien ha esperado siete años para arreglar sus papeles de los 11 que ha vivido en este país tiene esperanzas de que la regla del perdón de USCIS -que castiga con 10 años de inadmisibilidad por vivir indocumentada en Estados Unidos- cambie pronto.

“Creo que cuando finalmente se apruebe [la implementación de la nueva regla de USCIS] tendré que procesar mis documentos en México. No sé cuánto tiempo tendría que dejar a mi familia, ni tampoco sé si tendría que irme”, dijo. “Pero, ¿Cómo podría dejar a mi hijo, mi familia y todo lo que estamos construyendo juntos? Es una elección terrible la que tendría que hacer”.

El reporte indica que, sin embargo, la falta de estatus en el sistema de inmigración no disminuye el estado de una persona como miembro de la familia y que padres, cónyuges e hijos siguen siendo parte integral de sus familias, cuenten o no con sus tarjetas de residencia.

Añade que el principio de la unidad familiar se ve gravemente socavado por el estancamiento de los esfuerzos de una reforma migratoria integral, así como por un aumento significativo en el número de deportaciones, a un ritmo de 400,000 por año, desde 2009, y prioridades de aplicación inhumanas y burocráticas.

“Los números lo dicen todo; después del 9/11 hemos visto la deportación de millones de personas”, aseguró Wendy Cervantes, de First Focus, una organización sin fines de lucro de Washington. “Además, en la actualidad mas de 5,000 niños han quedado atrapados en el sistema de cuidado infantil porque sus padres han sido deportados… esa es solamente una parte del trauma emocional que se les ha causado cuando las familias son separadas; la no aplicación del perdón para la unidad familiar ha sido devastador”.

De acuerdo con estimaciones del Pew Hispanic Center, 5.5 millones de niños en Estados Unidos tienen al menos un progenitor que es indocumentado. Entre ellos, casi un millón de niños fueron traídos ilegalmente al país por sus padres, mientras que aproximadamente 4.5 millones de niños nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos.

“Estamos frente a un asunto de real urgencia”, expresó la congresista demócrata Judy Chu (D-California). “Para el personal de mis oficinas es muy difícil lidiar con estos problemas, sobre todo cuando llegan llorando familias enteras y sus hijos porque alguno de sus integrantes va a ser deportado o tiene que salir del país”.

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  • Inmigrantes indocumentados de origen guatemaltecos son revisados antes de abordar un vuelo a Guatemala desde el aeropuerto de Mesa, Arizona en junio del 2011.

  • Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos caminan en una pista de aterrizaje del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa en diciembre de 2011.

  • Varios inmigrantes guatemaltecos deportados desde diferentes partes de los EE.UU. esperan su turno para subir a un autobús y viajar a su ciudad natal en los diferentes departamentos de Guatemala.

  • La inmigrante mexicana, Jeanette Vizguerra después de una reunión en el consulado mexicano en su lucha contra las audiencias de deportación en Denver, Colorado.

  • Inmigrantes indocumentados de El Salvador esperan a ser deportados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en un vuelo con destino a San Salvador en diciembre de 2010 en Mesa, Arizona.

  • Un inmigrante indocumentado en proceso de deportación, esposado y con grilletes, es trasladado al aeropuerto de Broadview, Illinois.

  • Inmigrantes ilegales de origen guatemaltecos ocultan sus rostros a su llegada a Guatemala luego de haber sido deportados desde EE.UU.

  • Inmigrantes indocumentados de Ecuador hacen fila para abordar un vuelo de deportación.

  • La mexicana Elvira Arellano pasó un año en una iglesia de Chicago para evitar ser separada de su hijo nacido en Estados Unidos.




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