Algunos grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles dicen que agentes del LAPD utilizaron dispositivos de mano para escanear las huellas digitales de los jornaleros en las esquinas de las calles. El incidente, dicen, plantea serias preocupaciones sobre los derechos de la privacidad.
"Estos jornaleros no son sospechosos de actividad criminal que sepamos", dijo Jennifer Lynch, autora de un nuevo informe publicado la semana pasada por la Fundación Electronic Frontier y el Centro de Política de Inmigración, que describe el episodio.
"La mayoría de nosotros sospecharíamos si un agente de policía nos pidiera al azar que nos sometiéramos a un análisis de huellas digitales en la calle", dijo Lynch. "Pero en el caso de ellos, cuando sientes que tienes poca voz en la sociedad y que careces de poder para desafiar a la autoridad, creo que el acoso de este tipo es un gran problema".
"La comunidad inmigrante le tiene miedo a la policía", dijo Tony Bernade, organizador de la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), quien recibió las quejas de los jornaleros y vendedores ambulantes el año pasado.
CHIRLA y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON por sus siglas en inglés) dicen que no han recibido quejas similares desde entonces, pero añaden que este hallazgo nos lleva a analizar cuestiones más amplias de cómo y cuándo se utilizan estos dispositivos.
'BLUE CHECK'
El sargento Rudy López del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que no tiene ningún registro del incidente en cuestión, pero dice que los oficiales utilizan habitualmente el escáner de huella digital portátil, llamado "Blue Check", en el campo. Desde que la tecnología se introdujo en 2008, dijo, los oficiales lo han utilizado con más frecuencia.
Los agentes de policía están entrenados para usar el dispositivo en tres circunstancias: cuando tienen una sospecha razonable para detener a alguien, cuando tienen causa probable para realizar un arresto, o en un encuentro "de consenso, con el permiso de la persona a quien están deteniendo", dijo López.
Pero los grupos defensores de los inmigrantes afirman que en estos escenarios las poblaciones vulnerables, como los jornaleros, pueden sentirse incapaces de decir que no.
"Hay una gran cantidad de zona gris en cuanto a cuando una persona siente que puede o no puede decir no", coincidió López. "Si un oficial es prepotente, la manera en que está hablando con ellos, si coloca su coche de una determinada manera, todo eso cuenta en la idea de si es o no consensual".
El sistema Blue Check está conectado a un sistema informático interno de los carros de los oficiales que corresponde con las huellas digitales de una base de datos criminales. En dos minutos se determina si se encuentra alguna huella correspondiente.
"Las cosas que una vez parecían de ciencia-ficción -- las fotografías de reconocimiento facial, escanes de palma y del iris -- se comparten a través de las bases de datos del FBI y el DHS [Departamento de Seguridad Nacional]", dijo Lynch, un abogado de la Fundación Electronic Frontier, una organización sin fines de lucro dedicada a defender los derechos de las personas en el mundo digital.
La biometría -- los marcadores únicos que identifican a una persona -- pueden incluir cualquier cosa desde la biometría física (como huellas digitales, reconocimiento facial, escanes de iris, reconocimiento de voz, y el ADN) a la biometría del comportamiento (como su firma, los patrones de sus golpes de teclado en un ordenador, o incluso la forma en que una persona camina).
El gobierno federal y los 50 estados ya colectan las huellas digitales y el ADN de casi toda persona que entra en contacto con el sistema de justicia penal. En el pasado, las huellas digitales se archivaban como imágenes. Hoy, Lynch dice, los datos de huellas digitales se convierten en un algoritmo. Comprobar dos huellas digitales una contra la otra es ahora un cálculo matemático en lugar de una comprobación visual, lo mismo es cierto para un hisopo bucal, la forma más común de colectar ADN.
Más estados están reuniendo otras formas de datos biométricos, así como fotografías de reconocimiento facial y escanes de palmas y del iris, dijo Lynch. Comparten esta información con el gobierno federal a través de las bases de datos del FBI y del DHS. El gobierno, a su vez, comparte los datos entre las agencias a través de programas de refugio y asilo, los programas de lucha contra el terrorismo y Comunidades Seguras. Este último requiere que la policía presente las huellas digitales de cualquier persona que detengan a las autoridades de inmigración federales.
LA PROXIMA FRONTERA
Gradualmente se están colectando más y más pruebas de ADN de quienes no tienen contacto con el sistema de justicia penal. Nuevos reglamentos del Departamento de Justicia obligan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a colectar el ADN de casi cualquier persona que detengan que no sea de Estados Unidos. El DHS estima que el programa podría afectar cerca de un millón de personas al año.
En respuesta a una petición de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, o FOIA por sus siglas en inglés) presentada por la Fundación Electronic Frontier, Lynch dijo: "Nos enteramos de que el programa es quizás mayor de lo que hubiéramos sospechado, porque el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] y el DHS pueden estar colectando ADN de menores de tan sólo 14 años de edad y quizás están pensando en colectar ADN de niños".
"La expansión de la colección de ADN es un problema real", dijo, "porque el ADN tiene el potencial de revelar tanta información acerca de ti – todo desde quien eres a tu potencial para la enfermedad a las características de comportamiento e incluso posiblemente la orientación sexual".
También revela quien es tu familia, dijo Lynch, por lo que incluso si tu propio ADN no está en la base de datos, podrías ser identificado a través de un miembro de tu familia que sí esté en la base de datos.
La próxima frontera para la biometría podría ser una identificación oficial emitida por el gobierno para todos los trabajadores de Estados Unidos que contiene información biométrica codificada digitalmente. A veces se denomina una "tarjeta de Seguro Social dura", la identificación biométrica ha sido propuesta por algunos miembros del Congreso como una solución a la verificación de empleo de los trabajadores autorizados.
Los que lo apoyan argumentan que las tarjetas serían más difíciles de falsificar, aunque el profesor de derecho Jonathan Weinberg de la Universidad Wayne State, dice que los costos superan los beneficios.
Con un precio de unos 40,000 millones de dólares para poner en práctica, más otros 3,000 millones de gastos en el año en curso, Weinberg indicó en un informe sobre las tarjetas propuestas que otros problemas -- incluyendo datos erróneos y la posibilidad de el robo de identidad -- hacen que el plan no sea viable.
Además, estas tarjetas probablemente perjudicarían especialmente a los más vulnerables: los pobres, enfermos, desempleados, personas sin hogar, y trabajadores de bajos ingresos. Y, añade, sería "casi seguro que se utilizaría para una amplia gama de propósitos".
Para Bernade de CHIRLA, los signos son preocupantes.
"Están guardando y conservando los datos de la gente", dijo Bernade. "Nadie sabe cómo van a ser utilizados".