La única forma de evitar más ejecuciones de personas inocentes es abolir la pena de muerte, aseguró el activista y académico, Rick Halperin, a raíz del reporte de la escuela de leyes de la Universidad de Columbia que presentó evidencias de que Texas ejecutó erróneamente a Carlos De Luna en 1989.
“Este caso está indicando claramente que este país tiene todas las razones para suspender la práctica de la pena de muerte”, dijo a HuffPost Voces el ex presidente de Amnistía Internacional en Estados Unidos en dos ocasiones, quien afirmó que sólo en Texas se cuenta con una larga lista de casos en que pudo haberse ejecutado a procesados inocentes.
Texas es el estado líder en la aplicación de la pena capital en el país con 482 ejecuciones realizadas desde 1982, que representan el 38% del total nacional desde 1976 y 4 veces más que el segundo estado con mayor número de ejecuciones que es Virginia. Esto le ha valido que a Texas se le llame frecuentemente “la máquina de matar” o “the killer machine”.
“Resulta indignante que continúen las ejecuciones como la de Carlos De Luna en la que había pruebas de que se tenía al hombre equivocado y de todas formas se le mató en nombre de la ley”, señaló Halperin, quien también es director del programa de Derechos Humanos Embrey en la Universidad Metodista del Sur (SMU, por sus siglas en inglés).
El caso de Carlos De Luna fue expuesto en el reporte “Los Tocayos Carlos: anatomía de una convicción errónea”, investigado por un equipo de estudiantes de leyes de la Universidad Columbia dirigido por el profesor James Liebman. El documento despliega las pruebas de que De Luna fue ejecutado en confusión por Carlos Hernández, el verdadero asesino de la empleada de una tienda, Wanda López, en Corpus Christi, Texas en 1983.
"Todo lo que podía salir mal en un caso de pena de muerte, salió mal para De Luna”, dijo Liebman a la revista Columbia Human Rights Law Review.
Pena de muerte en Texas
Advirtió el experto en litigios de pena de muerte y profesor de derecho de Columbia que “lamentablemente la historia de De Luna no es única” y afirmó que “los mismos factores que lo enviaron a su muerte, como testimonios incorrectos de testigos presenciales, representación legal de mala calidad y negligencia profesional de la fiscalía, siguen poniendo en peligro de ejecución a gente inocente en la actualidad”.
Sólo en Texas se han exonerado a 12 personas de la pena capital desde 1973 por la aportación de pruebas sobre su inocencia. Sin embargo, Halperin señala los casos de Rubén Cantú, Carlos Santana y Leonel Herrera, todos ejecutados en 1993, como posibles víctimas inocentes de la pena capital, ya que hubo insuficiencia de evidencias en sus procesos.
También agregó los nombres de Tony Medina, Henry Skinner y Brian Davis entre los casos con posibilidades de inocencia por la falta de pruebas sobre su culpabilidad y que están entre los 312 condenados a la pena de muerte en espera de ejecución en Texas.
“No hay ninguna razón para matar en nombre de la ley”, manifestó Halperin, aunque consideró que Estados Unidos “tiene una triste tradición histórica para corregir sus errores morales, como la esclavitud que tomó 250 años en abolirla, igualmente en relación a los derechos de la mujer, de los indígenas americanos y ahora hacia la pena de muerte”, añadió.
Señala que en la lucha por eliminar el castigo capital, han faltado líderes en todas las áreas, ya sean republicanos, demócratas, blancos o hispanos con el valor suficiente para admitir que la pena de muerte es un castigo incorrecto y se opongan a su ejercicio por cuestión de moralidad y respeto a los derechos humanos.
Halperin concretó que la responsabilidad para abolir la pena de muerte podría recaer en los votantes, ya que “si éstos demandan a sus candidatos que expliquen su posición respecto a los derechos humanos, entonces podrían detectar a quienes apoyan la pena de muerte y votar en contra de ellos por ser enemigos de la justicia social y la dignidad humana.”
“La violencia es tan americana como el pay de manzana”, indicó el activista, quien afirmó que culturalmente este país ama la violencia, pero también se avanza en un proceso para volverse más civilizado en materia de justicia criminal.
A raíz del reporte sobre el caso de Carlos De Luna, Halperin encabezó una protesta contra la pena de muerte en Dallas el viernes, donde varios manifestantes cargaron carteles con el nombre del hispano ejecutado en 1989 frente al edificio de las cortes del condado.
En el evento exigieron al Fiscal de distrito, Craig Watkins, que se busque justicia en lugar de sentencias de pena de muerte para los acusados de delitos capitales. El fiscal es el primer afroamericano designado en ese cargo en Texas y cuyo bisabuelo fue ejecutado en la silla eléctrica en 1931, según él reveló en una entrevista meses atrás.
En la protesta se pidió también la liberación de Benjamin Spencer, quien ha permanecido preso por 24 años, a pesar de que un juez lo declaró inocente del crimen de un empresario en Dallas y recomendó un nuevo juicio desde marzo de 2008. Halperin señaló que en el condado de Dallas se han exonerado a 33 personas inocentes que fueron erróneamente sentenciadas.
“No hablamos sobre derechos humanos y debemos hacerlo para que el país se deshaga de castigos como la pena de muerte, la pregunta es cuándo va a suceder y claramente no será en un futuro inminente, pero hay que seguir trabajando para que esta práctica indignante termine y se deje de matar en nombre de la ley”, afirmó el profesor de historia en SMU.
En 1974, Texas promulgó nuevamente la pena de muerte y la primera ejecución la realizó a partir de 1982. Desde esa fecha han sido ejecutadas 482 personas, la mitad de las cuales se realizaron durante los 11 años de la administración del actual gobernador Rick Perry.