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IKEA criticada por supuesto abuso de presos políticos cubanos

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IKEA
La empresa IKEA dice que está investigando. (Getty) | Getty Images

Los alegatos de que la gigantesca cadena internacional de fabricación y venta de muebles IKEA explotó el trabajo de prisioneros políticos cubanos siguen subiendo de tono.

Un grupo de miembros hispanos del Congreso de Estados Unidos, pertenecientes a ambos partidos, han hecho un llamamiento al presidente de la empresa para que se encuentre con ellos con el fin de “discutir informes de que el productor sueco de muebles llegó a un acuerdo con la dictadura de Castro para utilizar prisioneros políticos cubanos en los últimos años de la década de los 80, para construir así algunos de sus muebles”.

El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung fue el primero en informar al respecto el 2 de mayo.

Dijo que una revisión de archivos de la policía de Alemania del Este generados durante la Guerra Fría revelan que la compañía sueca firmó un acuerdo con Cuba en septiembre de 1987 para producir 35,000 mesas de comedor, 10,000 mesas para niños y 4,000 equipos “Falkenberg” de tres piezas. Las plantas de producción de IKEA, dijo el diario, fueron “incorporadas a los establecimientos de encarcelamiento del Ministerio del Interior en Cuba”.

Los nuevos alegatos llegan poco después de acusaciones similares de que la empresa explotó el trabajo de prisioneros alemanes orientales durante los años 70. Las afirmaciones llevaron a una investigación interna por parte de la empresa, que, dijo un portavoz al diario El Nuevo Herald, de Miami, Florida, diciendo que ahora se han ampliado para incluir la información referente a Cuba.

“Los alegatos los tomamos muy seriamente”, dijo la portavoz de la empresa Mona Liss en un correo electrónico, de acuerdo con el diario Miami Herald.

La misiva dirigida al president de IKEA, Mike Ward, está firmada por los seis cubanoamericanos en el Congreso de Estados Unidos: los senadores federales Marco Rubio (republicano de Florida) y Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), y los miembros de la Cámara de Representantes Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, David Rivera, los tres republicanos de Florida, y Albio Sires, también demócrata de Nueva Jersey.

“Es responsabilidad de cada compañía asegurar que sus productos y los componentes de éstos deriven de prácticas laborales responsables”, escribieron, agregando que “no pueden derivar, en cambio, de oscuras mazamorras de regímenes autoritarios que reprimen a sus propias poblaciones, negándoles hasta los más básicos derechos laborales".

En una declaración que acompaña la carta, Ros-Lehtinen escribió que “queremos saber las exactas circunstancias que llevaron a IKEA a firmar, aparentemente, un acuerdo con la dictadura de Castro para producir parte de sus muebles en Cuba. Son alegatos muy serios y han causado mucha consternación en nuestras comunidades, con mucha razón…"
“Las corporaciones multinacionales tienen el deber moral de asegurar que su accionar no viola los derechos humanos. Esperamos recibir respuestas de IKEA sobre nuestras múltiples preocupaciones que derivan de estas acusaciones”.

Liss dijo al Miami Herald que “muy pronto” uno de sus principales ejecutivos ser reuniría con los miembros del Congreso.
Ros-Lehtinen se interesó por el tema, por primera vez, la semana pasada, respondiendo a preguntas de The Huffington Post.

“Si bien los alegatos son asombrosos en su total desdeño por la dignidad y los derechos humanos, no me sorprende en un ápice que los hermanos Castro lo hayan hecho”, dijo en una declaración enviada por email. “Explotar a prisioneros de conciencia como trabajadores esclavos al servicio de una potencia extranjera es un insulto más que la nación cubana sufre a manos de los hermanos Castro en su lucha para perpetuar su régimen ilegítimo”.

Díaz Balart se expresó de manera aún más enérgica, y advirtió que podrían haber consecuencias ulteriores.
“Esto es verdaderamente despreciable”, dijo a The Huffington Post, agregando que “las empresas que hacen negocios con esos matones terroristas y totalitarios deberán enfrentar potenciales y serias consecuencias.

La carta de los congresistas a IKEA