Organizadoras pro inmigrantes en Nueva Orleans señalaron que la política de discreción del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas del inglés) mediante la que se decide cuáles indocumentados serán deportados y a quienes se les permitirá la posibilidad de quedarse, es un fracaso y lanzaron la campaña “Párate 2012: Que la justicia sea real” para pedir un alto a las deportaciones de 32 líderes indocumentados que expusieron abusos laborales motivados por la discriminación racial y su situación migratoria.
Dieron a conocer además en una conferencia de prensa telefónica los resultados de un reporte donde califican las operaciones de la oficina sur del ICE en un período de evaluación de dos semanas y en el cual concluyeron que la dependencia federal falló en implementar la política de discrecionalidad a inmigrantes en esa región.
“Los inmigrantes indocumentados no se están beneficiando ahora por esta medida de discreción y la duda es que no se puedan beneficiar por una reforma migratoria en un futuro”, dijo Jacinta González, organizadora del proyecto del Congreso Jornalero en el Centro de Trabajadores de New Orleans por la Justicia Racial.
González señaló que la política de discrecionalidad no está siendo empleada correctamente, y externó que falta más transparencia para la comunidad, una evaluación responsable de la medida y la investigación sobre las fallas y transgresiones en su aplicación.
Despúes del golpe del huracán Ike en Texas y Louisiana, fueron 32 trabajadores “los 32 del sur” quienes tomaron el liderazgo en defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de cientos de inmigrantes latinos que apoyaron las tareas de limpieza. Todos están ahora en proceso de deportación.
“Nos enfrentamos a un trabajo en una zona donde el agua subió a más de 7 pies de alto, muy contaminada, que apestaba por los animales muertos que permanecían ahí y exigimos equipo de protección como mascarillas y botas para evitar daños a nuestra salud”, denunció Josué Díaz en la conferencia de prensa.
Externó que preguntaron a sus supervisores por qué no les daban el equipo necesario para protegerse y nos contestaron con una amenaza racista de que podríamos ser deportados.
Díaz, junto con Melvin Mejía y otros dos trabajadores son los primeros de los 32 indocumentados latinos que tienen cita para una audiencia ante un juez de migración en New Orleans este martes 8 de mayo.
Según Jacinta González, “éste es un momento clave porque se van a aclarar las intenciones del ICE, ya que hasta ahora han mandado señales de que agresivamente desean deportarlos”.
Díaz fue arrestado y confinado a un centro de detención en diciembre del 2008 y salió en enero de 2009.
Josué, como otro grupo de trabajadores fue reclutado por la compañía ‘All Dry Water Damage Experts’ y trasladado a Beaumont, Texas apenas 4 días después del golpe del huracán Ike. Se enfrentó a condiciones de trabajo peligrosas, falta de pago de su salario, malas condiciones de vida y discriminación racial. Protestó por ello junto con Melvin Mejía, fueron acusados de robo y detenidos durante 80 días. Fueron liberados y se les desecharon los cargos por falta de evidencias.
Al término de dicho plazo y una vez en libertad, el ICE los volvió a arrestar y los confinó por 47 días en un centro de detención migratorio en Houston.
“Fuimos arrestados porque nos acusaron de habernos robado nuestra propia ropa y el equipo que usábamos para trabajar”, precisó Díaz en la conferencia de prensa.
Mediante la campaña “Párate 2012: Que la justicia sea real” se intentará movilizar a la opinión pública para pedir a la secretaria del departamento de seguridad nacional, Janet Napolitano, que vigile la implementación de las nuevas directivas en esa dependencia y frene las deportaciones para quienes defiendan sus derechos laborales y civiles.
La oficina regional en el sur del ICE revisó un total de 3,000 casos de deportación de los estados de Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi and Tennessee, entre los cuales se hallan los de los 32 líderes trabajadores que ahora enfrentan un proceso de deportación.
En el reporte de evaluación a la implementación de la medida de discreción del ICE en la oficina regional sur hecho del 23 de abril al 4 de mayo pasado, se califican a través de casos específicos de trabajadores cómo operó la dependencia federal y se le otorgan mayoritariamente grados reprobatorios.
Jennifer Rosenbaum, directora legal del Centro de trabajadores de New Orleans por la Justicia Racial, indicó que muchos trabajadores que participaron en la limpieza desde el paso del huracán Katrina están siendo deportados.
“Es una vergüenza que esto esté pasando”, comentó Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes de Migración durante la conferencia de prensa, al tiempo que señaló que los derechos civiles y laborales deben respetarse.
El huracán “Ike” azotó la costa del Golfo de México desde Louisiana hasta Texas en septiembre de 2008, alcanzó una intensidad de categoría 4 y su gran diámetro de hasta 600 kilómetros dejó una devastación en la zona costera y causó 112 muertes en Estados Unidos.
A raíz de los estragos causados por Ike, como antes sucedió con el huracán Katrina en 2005, se contrataron cuadrillas de trabajadores para iniciar las labores de reconstrucción. Muchos de esos jornaleros reclutados fueron inmigrantes indocumentados como Josué Díaz y Melvin Mejía.
El verano de 2011, funcionarios de ICE anunciaron que aplicarían la política de discrecionalidad en los casos de los 32 líderes inmigrantes que emprendieron la defensa de sus derechos civiles y laborales. Específicamente indicaron que cerrarían los procesos con componentes relacionados con sus derechos civiles. Sin embargo, los activistas del centro de trabajadores de New Orleans por la justicia racial señalan que la dependencia federal parece estar actuando en forma opuesta a ese anuncio.
La medida de discrecionalidad es la política señalada en un memorándum enviado por el director del ICE, John Morton, en junio 17 de 2011, en el que se recomienda aplicar un criterio de revisión individual de los casos en proceso de deportación tomando en cuenta el historial criminal de los inmigrantes y recomendaba que se diera prioridad para ser deportados a quienes representaran peligrosidad para la seguridad nacional.
ICE informó en ese entonces que había 300,000 procesos de deportación pendientes de ser revisados en todo el país, en los que se aplicaría la medida en la que se discerniría entre inmigrantes con y sin récord criminal.