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Sergio Adrián Hernández: Madre clama justicia por la muerte de su hijo en la frontera

The Huffington Post  |  Por Publicado: 2/05/2012 07:39 Actualizado: 3/05/2012 02:31

“No creo en la justicia de Estados Unidos”, dijo María Guadalupe Güereca Betancourt, la madre del adolescente Sergio Adrián Hernández, quien fue muerto a tiros en la frontera de El Paso, Texas, por un agente de la patrulla fronteriza en junio del 2010.

“Me siento defraudada, decepcionada, porque no se van a presentar cargos criminales contra el patrullero que disparó contra un niño, a pesar de tantas pruebas de video y testimonios. ¿Cómo voy a creer en la justicia de Estados Unidos?”, aseguró a HuffPost Voces la madre del chico de 15 años de edad que fue ultimado por el agente Jesús Mesa Jr.

La reacción de la madre se dio después de la decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de no acusar judicialmente al agente por falta de evidencias del hecho que se suscitó en un puente justo en la frontera entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México.

“Mi hijo era un niño y recibió tres balazos de los cinco que le tiró. Su cuerpo tenía un disparo en la espalda, otro en una mano y el tercero fue en la cabeza. No puede quedarse impune un hecho tan cobarde como éste y contra un niño; no sé qué clase de justicia es ésta”, reveló Güereca sobre la tragedia que consternó a la comunidad latina en esa frontera.

El DOJ emitió el viernes pasado su resolución de cerrar el caso de Hernández Güereca y de no hacer cargos criminales al agente. De inmediato, el gobierno de México protestó en una nota diplomática enviada al gobierno estadounidense y se manifestó en contra de la decisión de no llevar a juicio al agente; el menor se encontraba en el lado mexicano cuando fue tiroteado.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que buscará justicia para el caso de Hernández Güereca, advirtiendo que “hará uso de todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance”.

También los abogados de la familia de la víctima en Corpus Christi y Houston, Texas, los despachos jurídicos de Robert Hilliard y Cristóbal Galindo, señalaron que continuarán buscando justicia por la muerte del menor por la vía legal en dos demandas civiles que presentaron en agosto de 2011 y febrero de 2012. Ambas se encuentran en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito federal.

Los expertos jurídicos afirmaron que la decisión del Departamento de Justicia es un error judicial, ya que el agente Jesús Mesa debe ser procesado.

Se ha comprobado que el adolescente no estaba en posesión de ningún arma ni tampoco lanzó piedras contra los oficiales de la patrulla fronteriza, como sugirieron algunos reportes. Del trágico hecho existen tres videograbaciones que se presentaron como pruebas, además de los testimonios de testigos que se hallaban en el momento de la agresión.

“Yo misma le pedí a mi hija que me llevara al lugar donde mataron a mi hijo,;fui al puente días después y comprobé que ahí no había piedras, sólo arena y cemento, Sergio Adrián no pudo representar ningún peligro para el agentl e porque no estaba armado ni le lanzó nada ni era un niño de pandillas ni tenía necesidad de cruzar a El Paso”, mencionó Güereca.

Toda mi familia y la comunidad esta frontera están enojados por la resolución del Departamento de Justicia, agregó la madre de la víctima. “Yo pensaba que Estados Unidos tenía una justicia justa, pero parece que no es así. Ahora fue mi hijo al que mataron; después, ¿quién seguirá? ¿Otro niño? ¿Otro mexicano?”, afirmó.

La muerte de Sergio Adrián, el menor de sus seis hijos, no debe quedar impune, dijo la empleada del ayuntamiento de Ciudad Juárez. Los abogados anunciaron en un comunicado de prensa que ellos buscarán agresivamente la justicia en su demanda civil. Dicen en su demanda y apelación que el patrullero causó la muerte de Hernández Güereca en forma ‘‘negligente, ilícita y tortuosa’’.

En una entrevista telefónica con HuffPost Voces en enero pasado, el abogado Robert Hilliard informó que en su demanda contra el gobierno de Estados Unidos en agosto, exigieron una indemnización de 25 millones de dólares para la familia de la víctima.

Al conocer el anuncio del DOJ del viernes 27, Hilliard afirmó que “esto aún no termina” y opinó que “es desconcertante que aparentemente a los ojos del agente y del gobierno estadounidense, unas vidas son simplemente menos valiosas que otras,
que simplemente no vale la pena protegerlas mediante el ejercicio de la precaución o la aplicación imparcial de la ley”.

Ante los argumentos del DOJ de que las acciones del agente fueron autodefensa, y que respondió a la amenaza de un grupo de traficantes que le lanzaron rocas al él y a su detenido, el abogado sostuvo que “ninguna de las evidencias, incluyendo tres videograbaciones del incidente, muestran que el adolecente estaba entre el grupo de supuestos traficantes lanzando piedras”.
Hilliard agregó en su comunicado que “lo que sí muestra el video es que Sergio estaba desarmado y se encontraba aproximadamente a 70 pies (más de 2 metros) de distancia del agente cuando éste disparó los tiros mortales”.

Dijo que es intencionalmente deshonesto y equivocado implicar al adolescente como un traficante o que lanzaba piedras. “Si un policía federal mexicano desde México hubiera disparado un tiro entre los ojos a un estudiante de preparatoria de El Paso, de 15 años, desarmado, mientras el joven permanecía en Estados Unidos y el gobierno mexicano no presentara cargos, la secretaria de Estado Hillary Clinton hubiera acudido a la frontera en demanda de justicia para el menor estadounidense”, ejemplificó.

Para Hilliard, es decepcionante el anuncio del DOJ porque “es una decisión más en beneficio de Estados Unidos que deja claro que no hay libertad y justicia para todos”.

Concluyó en que la decisión del Departamento de Justicia tendrá poco impacto en su demanda civil porque continuarán en búsqueda de justicia para el menor mexicano.

Además cuestionó que la dependencia argumentara que el adolescente desarmado representaba una amenaza para un agente armado y entrenado en hacer cumplir la ley y que temía por su vida.

Según el documento del DOJ, se condujo una extensa investigación para llegar a su determinación, en la que intervinieron el FBI, el departamento de seguridad nacional, se entrevistó a más de 25 agentes fronterizos y a testigos. También se revisaron
radiotransmisiones y llamadas, entre otras indagaciones. Adujo la dependencia federal también que el crimen no se había perpetrado en suelo estadounidense.

“El agente no actuó inconsistentemente con las políticas de la patrulla fronteriza ni con su entrenamiento sobre el uso de la fuerza”, señala en el informe del DOJ.

Por su lado, la Red Fronteriza de Derechos Humanos consideró que la decisión demuestra “la falta de disposición de la administración de [el presidente Barack] Obama para procesar casos donde los derechos humanos han sido claramente violados y demuestra que la impunidad ha prevalecido sobre la justicia”.

Fernando García, director ejecutivo de esa organización, indicó que en la frontera de El Paso queda la percepción de que algo incorrecto pasó ese día y se manda un mensaje a la comunidad fronteriza de que los inmigrantes jóvenes pueden ser muertos y nada pasará. “Nuestras comunidades tienen ahora menos confianza en las instituciones federales y en esta administración para proveer justicia”, dijo.

La Red Fronteriza estima que cada año hay unas 500 víctimas de la violencia institucional en la frontera México-Estados Unidos.

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